La no creencia en los valores ínsitos en los preceptos de la Constitución ocasiona que dicho umbral de tolerancia descienda peligrosamente, hasta el punto que crisis de mínima magnitud justifiquen la suspensión o derogación de los derechos constitucionales. La gimnasia de suprimir los derechos que acuerda la Constitución cada vez que le conviene al sujeto colectivo o a sus gobernantes incrementa la capacidad de proceder en el mismo sentido, frente a estímulos -emergencias- de cada vez menor entidad, o de otra naturaleza completamente diferente. [...]
El Estado omniprotector del bien común recurre a todo arbitrio para lograr su cometido. Sin embargo, la consecuencia final de su accionar ilimitado resulta en la destrucción del derecho constitucional, en la eliminación de los derechos y garantías de los ciudadanos y, finalmente, en el sacrificio religioso en el altar del "bien común" de las inocentes víctimas de la omnipotencia social, incumpliendo la sociedad su propio compromiso escrito de que dicho sacrificio jamás ocurriría, de que jamás los seres humanos que la integran serían considerados como medios para otros fines. [...]
La envergadura de una crisis no puede ser sopesada contra sí misma, sino contra la alternativa de que su superación por vías inconstitucionales pueda conducir a un país a las secuelas de crisis futuras irremediables y recurrentes que se derivan de la degradación progresiva de su Constitución. La escalada de soluciones cada vez más inconstitucionales a problemas cada vez más serios, ocasionados en buena medida por las tergiversaciones constitucionales del pasado, no pueden conducir sino a una espiral de crisis económico-sociales recurrentes o a una ruptura constitucional definitiva.
Kaufman, Gustavo Ariel: "Poder de Policía y Crisis del Derecho Constitucional", en "La Ley" del 6 de agosto de 1991
